El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá a las 9:00 de la mañana la solicitud del Ministerio Público para extender el plazo de investigación del caso Senasa, por una presunta estafa que supera los RD$19,000 millones.
Santo Domingo, República Dominicana.— El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si concede una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, dentro de la investigación por una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será conocida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene a su cargo el control judicial de las investigaciones.
La solicitud fue presentada por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes buscan disponer de cuatro meses adicionales para depositar el acto conclusivo.
El tribunal deberá determinar si acoge la petición del órgano acusador o si, por el contrario, intima a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que presente formalmente la acusación.
La audiencia fue notificada a los abogados de los imputados, al Ministerio Público y a los representantes legales del Estado dominicano.
Además de Santiago Hazim, están imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros.
Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que los demás se encuentran bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con el expediente, algunos de los imputados admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa para obtener beneficios, colaboración que fue considerada al momento de imponerles medidas de coerción menos severas.
El Ministerio Público acusa al grupo de participar en una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones, monto que investigaciones posteriores han situado por encima de los RD$19,000 millones.
Según la acusación preliminar, la presunta red habría operado entre 2020 y 2025 y afectado el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público ha reiterado que las investigaciones continúan abiertas y que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación en relación con el caso.