Las autoridades migratorias estadounidenses arrestaron a 482 inmigrantes en Maine hasta el 31 de julio de este año, una cifra superior a la registrada en 2024 y 2025 combinados. El 98 % de los detenidos no tenía antecedentes de condenas penales, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional analizados por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine.
Maine EE:UU.– Al menos 32 inmigrantes de República Dominicana fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Maine entre 2024 y el 31 de julio de 2026, como parte del incremento de las operaciones migratorias desplegadas en esa región del noreste estadounidense.
La cifra coloca a los dominicanos entre las nacionalidades con mayor número de detenciones durante el período analizado, de acuerdo con un informe de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC), elaborado a partir de datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El reporte establece que ICE realizó 168 arrestos en Maine durante 2024, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 313. Sin embargo, en apenas los primeros siete meses de 2026 fueron detenidas 482 personas, superando en conjunto los registros de los dos años anteriores.
Los datos abarcan las operaciones realizadas entre el 3 de marzo y el 6 de agosto de 2026, información que fue obtenida por el Proyecto de Datos de Deportación (DDP) y posteriormente analizada por MIRC.
Aumentan las operaciones migratorias
El informe también evidencia una expansión territorial de las operaciones de ICE en Maine. En 2024, los agentes realizaron arrestos en 20 municipios del estado; en 2025 llegaron a 31 municipios y, durante los primeros siete meses de 2026, las operaciones se extendieron a 50 localidades.
La organización considera que este crecimiento refleja un aumento significativo de la actividad migratoria federal en comunidades que anteriormente habían registrado una menor presencia de agentes de ICE.
Los hombres de entre 25 y 44 años constituyeron el grupo más afectado, representando el 68.4 % de los detenidos. Además, el 93.2 % de las personas arrestadas fueron hombres.
Uno de los datos que más preocupa a las organizaciones defensoras de los inmigrantes es que el 98 % de los detenidos durante el período analizado no tenía ninguna condena penal.
Dominicanos, entre los grupos más afectados
Los inmigrantes procedían principalmente de países de África y América Latina. Angola encabeza la lista con 250 detenidos, seguida de Ecuador, con 136; República Democrática del Congo, con 86; Guatemala, con 71; Honduras, con 43; Congo, con 33, y República Dominicana, con 32.
También figuran ciudadanos de Ruanda, México y El Salvador, entre otras nacionalidades.
El portavoz de MIRC, Rubén Torres, cuestionó que las operaciones migratorias estén concentradas en personas que, según los datos examinados, en su mayoría no cuentan con condenas criminales.
“Esto lo que demuestra es que en uno de los estados más blancos de EE.UU. la gente que está siendo detenida es gente de color”, sostuvo Torres, quien consideró que las actuales políticas migratorias están generando temor entre las comunidades inmigrantes.
Torres afirmó además que la organización percibe una política basada en cuotas de detenciones y no necesariamente en investigaciones relacionadas con personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
Organizaciones denuncian impacto en las familias
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine advirtió que detrás de las cifras existen familias que enfrentan procesos prolongados de detención, gastos legales y dificultades económicas.
De acuerdo con Torres, muchos de los inmigrantes detenidos son trabajadores que desempeñan labores esenciales en distintos sectores de la economía, incluidos hospitales, escuelas y otros servicios.
“Son gente que trabaja, no criminales”, sostuvo el portavoz, al señalar que las detenciones pueden provocar que las familias tengan que asumir gastos de miles de dólares para cubrir fianzas y abogados, además de enfrentar la ausencia de uno de sus principales proveedores económicos.
La organización también sostiene que las detenciones afectan a empleadores y comunidades completas, debido a que algunos negocios deben reorganizar sus operaciones ante la ausencia repentina de trabajadores.
“Detrás de cada dato hay una persona, una familia y una comunidad que viven con miedo e incertidumbre”, afirmó Mufalo Chitam, directora ejecutiva de MIRC.
Chitam agregó que las cifras permiten dimensionar el alcance de las operaciones de ICE, pero no muestran el impacto emocional y económico que estas acciones tienen sobre las familias afectadas.
Un clima de temor en las comunidades
El incremento de las detenciones ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes han advertido que el aumento de los operativos está generando temor entre personas que, aunque no tengan antecedentes penales, pueden ser detenidas durante encuentros con agentes migratorios.
El informe también recoge la preocupación generada por el operativo ocurrido el pasado 13 de julio en Biddeford, Maine, donde agentes de ICE dispararon contra el migrante colombiano Johan Sebastian Durán, quien, según los reportes citados por la organización, no era el objetivo de la operación.
El caso incrementó el debate sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios y sobre los procedimientos empleados por los agentes federales.
Para MIRC, el crecimiento de las detenciones y la expansión de ICE hacia más municipios de Maine reflejan un cambio significativo en la aplicación de las políticas migratorias.
La organización sostiene que el impacto de estas acciones trasciende las estadísticas oficiales, debido a que cada detención puede representar la separación de una familia, la pérdida de un empleo y meses de incertidumbre sobre el futuro migratorio de la persona detenida.
Con 482 arrestos registrados hasta el 31 de julio, 2026 se perfila como el año con mayor actividad de ICE en Maine dentro del período analizado, mientras organizaciones de derechos de los inmigrantes continúan cuestionando el alcance y los criterios utilizados en estos operativos.