El juez Deiby Timoteo Peguero conocerá este jueves, a las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria de la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud y otros seis imputados por un presunto fraude que habría provocado pérdidas superiores a RD$15,900 millones al Estado dominicano.
Santo Domingo, RD.– El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, conocerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados en el proceso judicial que investiga un presunto entramado de corrupción administrativa dentro de esa institución.
La audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana y permitirá al magistrado determinar si mantiene la prisión preventiva que cumplen los acusados o si existen condiciones para modificar la medida cautelar.
Además de Hazim, deberán comparecer ante el tribunal Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
La revisión se produce después de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispusiera prisión preventiva contra los imputados y ordenara su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.
Mientras tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera permanecen bajo arresto domiciliario, conforme a las medidas de coerción que les fueron impuestas.
El pasado 5 de agosto, el tribunal ya había conocido una revisión obligatoria de las medidas y decidió mantener en prisión a los imputados que cumplen esa modalidad de coerción.
La estructura que investiga el Ministerio Público
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto entramado habría sido encabezado por Santiago Marcelo Hazim Albainy y operaba mediante una estructura paralela denominada «comité operativo», desde la cual supuestamente se centralizaban decisiones estratégicas y administrativas al margen de los procedimientos institucionales de Senasa.
El órgano persecutor sostiene que este mecanismo habría permitido agilizar, aprobar o bloquear determinados procesos a cambio de beneficios económicos, utilizando procedimientos que presuntamente vulneraban las normas que regulan el funcionamiento del sistema público de salud.
Según la acusación, entre las prácticas investigadas figuran la adulteración de documentos, la presentación de reclamaciones fraudulentas y la autorización de pagos respaldados por facturaciones simuladas.
El expediente también señala que supuestamente se gestionaba la habilitación de prestadores de servicios de salud a cambio de pagos ilícitos, mediante mecanismos que habrían facilitado el manejo irregular de recursos de la aseguradora estatal.
Empresas y operaciones para ocultar fondos
La investigación establece que los involucrados habrían recurrido a empresas de carpeta y operaciones bancarias trianguladas para dificultar el rastreo del dinero y ocultar el origen de los recursos presuntamente desviados.
El Ministerio Público sostiene que parte de las operaciones cuestionadas habría afectado las reservas técnicas de Senasa, fondos destinados a respaldar las obligaciones financieras de la institución y garantizar la cobertura de los servicios de salud de sus afiliados.
Las autoridades atribuyen al supuesto entramado un perjuicio económico superior a los RD$15,900 millones para el Estado dominicano, una cifra que constituye uno de los principales elementos de la investigación.
Expectativa por la decisión judicial
La audiencia de este jueves representa una nueva etapa en el proceso judicial, en la que el tribunal deberá evaluar las condiciones legales para determinar si corresponde mantener o modificar las medidas cautelares de los siete imputados sometidos a prisión preventiva.
La revisión obligatoria no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni una decisión definitiva sobre el expediente, sino que forma parte del control judicial de las medidas impuestas durante la investigación.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados deberán ser establecidas por los tribunales competentes, respetando el principio de presunción de inocencia