El órgano auditor también advirtió fallas en la planificación de la inversión pública, aumento de la deuda, incumplimientos de transparencia en ayuntamientos y diferencias millonarias en los registros financieros del Estado.
Distrito Nacional, R.D.– La Cámara de Cuentas reveló que el Gobierno dejó sin ejecutar 379 proyectos de inversión pública que contaban con asignación presupuestaria durante 2025, mientras incorporó otros 247 proyectos que no figuraban en el Presupuesto General del Estado aprobado inicialmente, situación que atribuyó a deficiencias en la planificación y ejecución de la inversión pública.
Los hallazgos están contenidos en el informe sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2025, aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas el 27 de abril y publicado recientemente.
Según el órgano auditor, los 379 proyectos sin ejecutar habían recibido inicialmente una asignación de RD$2,935.1 millones, monto que posteriormente fue reducido a RD$578.2 millones, sin que ninguna de esas iniciativas registrara ejecución al cierre del año fiscal.
En contraste, el Gobierno destinó RD$11,646 millones a 247 proyectos incorporados mediante modificaciones presupuestarias. Entre estas obras figuran el paso a desnivel de la prolongación de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, la extensión de la avenida Jacobo Majluta hasta la avenida República de Colombia y proyectos de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, en Pedernales.
Aunque la Dirección General de Presupuesto (Digepres) explicó que esas iniciativas fueron incorporadas mediante la Ley 86-25, que modificó el presupuesto durante el año, la Cámara de Cuentas mantuvo su observación al considerar que la inclusión de un elevado número de proyectos después de aprobado el presupuesto refleja debilidades en la planificación inicial.
El informe también señala que varios proyectos de infraestructura quedaron completamente paralizados, entre ellos sistemas de riego en Azua, Dajabón y Puerto Plata, así como obras en Santiago Rodríguez y proyectos bajo la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).
Asimismo, la auditoría identificó inconsistencias entre el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública y el Sistema de Gestión Financiera. Mientras el plan contemplaba 2,023 proyectos para 2025, en el sistema solo aparecían registrados 1,968, una diferencia de 55 iniciativas. Además, el presupuesto inicial asignó poco más de la mitad de los recursos previstos en dicho plan.
Deuda pública continúa en aumento
La Cámara de Cuentas advirtió que la deuda del Sector Público no Financiero aumentó de 47.37 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 48.59 % en 2025, alejándose de la meta establecida por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija un límite del 40 % del PIB para 2035.
El informe también observó que el presupuesto continúa incluyendo operaciones de crédito autorizadas en años anteriores que nunca llegaron a ejecutarse. De las 40 previstas para 2025, 32 ya habían sido incorporadas en presupuestos anteriores y casi la mitad llevaba más de tres años repitiéndose.
Cuestionamientos a ayuntamientos y fideicomisos
En el ámbito municipal, la Cámara reportó que el 85.68 % de los ayuntamientos y juntas distritales mantenía desactualizados o incompletos sus portales de transparencia, incumpliendo la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Además, detectó que 63 gobiernos locales contrataron préstamos por RD$243.3 millones sin la autorización previa del Ministerio de Hacienda y que dos entidades municipales contrajeron deudas con personas físicas.
Respecto a los fideicomisos públicos, el órgano auditor identificó una diferencia de RD$9,727.6 millones entre los montos reportados por Fiduciaria Reservas y los registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), situación que, según el informe, dificulta la trazabilidad y fiscalización de esos recursos.
Diferencias patrimoniales
Entre otros hallazgos, la Cámara señaló diferencias por RD$979,837 millones entre los activos reportados por las instituciones públicas y los registros consolidados de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), atribuidas a la falta de inventarios y registros completos de bienes estatales.
Como consecuencia de estas inconsistencias, el Gobierno Central cerró 2025 con un patrimonio neto negativo de RD$1.29 billones, de acuerdo con el informe del órgano fiscalizador.