El secretario de Justicia de la organización, Hotoniel Bonilla, afirmó que el Poder Ejecutivo incumple fallos del Tribunal Constitucional, cuestionó varias reformas legales impulsadas por el oficialismo y anunció una agenda para fortalecer el Estado de derecho y la seguridad jurídica.
Santo Domingo, República Dominicana. La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este miércoles que el Gobierno mantiene un patrón de incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional (TC), situación que, según la organización opositora, debilita la institucionalidad democrática y vulnera el Estado de derecho.
Al presentar un informe preliminar sobre la situación del sistema de justicia, el titular de la Secretaría de Justicia de la FP, Hotoniel Bonilla, sostuvo que el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional «no es opcional, sino una obligación del Estado», al tiempo que acusó al Poder Ejecutivo de desacatar fallos de la alta corte.
Bonilla señaló específicamente la sentencia TC/1003/23, la cual estableció criterios que, según explicó, impiden el cobro de la tasa de US$10 correspondiente a la tarjeta de turista a ciudadanos dominicanos. No obstante, aseguró que la administración pública continúa percibiendo esos recursos.
El dirigente también manifestó preocupación por la aprobación de leyes que, a su juicio, contradicen decisiones del Tribunal Constitucional y afectan derechos fundamentales, lo que consideró una amenaza para la seguridad jurídica del país.
Asimismo, afirmó que el informe elaborado por la nueva Secretaría de Justicia identifica un proceso de inestabilidad normativa provocado por una práctica legislativa que calificó como reactiva, improvisada y subordinada a intereses coyunturales.
Entre las iniciativas cuestionadas mencionó las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones, la legislación sobre fideicomisos públicos, la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios realizados al Código Penal antes de su entrada en vigor.
En materia de seguridad ciudadana, Bonilla sostuvo que el país carece de una estrategia integral para enfrentar la criminalidad y denunció la falta de estadísticas confiables sobre personas desaparecidas.
Indicó que, según datos oficiales citados en el informe, durante 2025 fueron reportadas alrededor de 1,300 personas desaparecidas, mientras que desde 2022 la cifra supera las 3,000, al considerar insuficientes los mecanismos de búsqueda y la información ofrecida a los familiares.
Además, expresó preocupación por las muertes de ciudadanos durante actuaciones de agentes de la fuerza pública y pidió que cada caso sea investigado de manera independiente por el Ministerio Público, con pleno respeto al debido proceso.
Respecto al sistema penitenciario, propuso fortalecer un modelo orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, conforme a los principios establecidos en la Constitución.
Presentan agenda de reformas
Bonilla informó que la Secretaría de Justicia impulsará una agenda enfocada en la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Entre las acciones anunciadas figuran la defensa de la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, así como la creación de un mecanismo de monitoreo, junto a la Secretaría de Asuntos Electorales del partido, para dar seguimiento a actuaciones gubernamentales que, según afirmó, puedan generar ventajas electorales.
También anunció que la organización brindará acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos fundamentales y promoverá un debate nacional sobre nuevas reformas al sistema de justicia.
En la actividad participaron el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña; el secretario general, Antonio Florián (Peñita); así como Roberto Rosario, Henry Merán, Daniel Beltré, Gideon Santos y Narcisa Pujols, entre otros dirigentes.
Florián explicó que la creación de la Secretaría de Justicia forma parte del proceso de fortalecimiento institucional del partido y responde a la adecuación de su estructura tras la creación del Ministerio de Justicia, con miras a elaborar propuestas jurídicas y dar seguimiento al sistema de justicia de cara a las elecciones de 2028.