El Tribunal Superior Administrativo puso fin a los contratos de concesión de Quisqueya I, tras determinar incumplimientos vinculados con la explotación minera, obligaciones económicas, laborales y entrega de informes técnicos.
Santo Domingo, República Dominicana. — El Tribunal Superior Administrativo (TSA) canceló los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas vinculada a la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026, y comprende los contratos firmados el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
El proceso se originó en una acción presentada en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, luego de que fueran identificados diversos incumplimientos atribuidos a Falcondo.
Entre los aspectos analizados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, según una certificación de la Dirección General de Minería.
También se estableció que la empresa no había presentado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones correspondientes a 2023 y 2024.
Tribunal considera graves los incumplimientos
De acuerdo con el fallo, los incumplimientos afectaron obligaciones esenciales relacionadas directamente con la finalidad de la concesión, especialmente la explotación efectiva de los recursos mineros otorgados por el Estado y el deber de mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
El TSA consideró que la inactividad de la concesión tenía incidencia sobre el interés general asociado a la explotación de los recursos mineros nacionales y que los incumplimientos acreditados tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.
El tribunal también rechazó los argumentos presentados por las empresas recurridas para intentar que la acción fuera declarada inadmisible.
La concesión Quisqueya I comprende unas 22,392 hectáreas y representa el cierre de una relación contractual iniciada en 1956.
Paralización afectó a cientos de trabajadores
La decisión judicial se produce en un contexto marcado por el cese de las operaciones de Falcondo desde noviembre de 2023.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del Fonper, mientras que otro grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus representantes, rondan los RD$300 millones.
La concesión llegó a generar más de 1,000 empleos directos, además de impactar a miles de personas vinculadas indirectamente a través de contratistas, suplidores y otras actividades económicas, particularmente en la provincia Monseñor Nouel.
Reestructuración de Falcondo continúa por separado
La cancelación de las concesiones no pone fin al proceso de reestructuración mercantil de Falcondo, que continúa de manera independiente al amparo de la Ley núm. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
Ese procedimiento fue iniciado a instancia de acreedores que buscan que la empresa responda por sus obligaciones y pasivos pendientes.
El proceso de reestructuración tiene un objeto y alcance distintos al caso decidido por el TSA, por lo que continuará ante la jurisdicción correspondiente hasta determinarse la situación de las acreencias reclamadas.
En el proceso ante el Tribunal Superior Administrativo, el E