El director de la DGAPP sostuvo que este modelo permite atender las crecientes demandas de infraestructura y servicios públicos, al combinar la rectoría estatal con la inversión, innovación y capacidad operativa del sector privado.

Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, afirmó que las alianzas público-privadas (APP) constituyen una herramienta estratégica para fortalecer el papel del Estado, ampliar su capacidad de respuesta y acelerar el desarrollo de proyectos prioritarios para la República Dominicana.

Durante la apertura del simposio «Las Alianzas Público-Privadas como Estrategia de Financiación para el Desarrollo en República Dominicana», Lugo señaló que el país atraviesa una etapa de crecimiento económico, estabilidad política y fortalecimiento institucional, factores que también generan mayores exigencias en materia de infraestructura y prestación de servicios públicos.

El funcionario explicó que el desarrollo nacional requiere inversiones en áreas como la modernización de la red vial, el fortalecimiento del sistema portuario, la movilidad urbana, el acceso al agua potable, la generación de energía, la salud y la transformación tecnológica.

En ese contexto, destacó que el modelo de alianzas público-privadas ofrece una alternativa eficiente para ejecutar las obras contempladas en el Plan Meta 2036, al permitir que el Estado conserve la dirección y supervisión de los proyectos, mientras el sector privado aporta capital, innovación, conocimientos técnicos y experiencia operativa.

Lugo Risk enfatizó que, bajo este esquema, el Estado mantiene la responsabilidad de definir las prioridades nacionales, establecer el marco regulatorio, supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar la protección del interés público y de los derechos de los ciudadanos.

El simposio fue organizado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) y el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), con la participación de representantes del Gobierno, organismos internacionales, entidades de banca multilateral, fondos de inversión, fiduciarias y otros actores vinculados al desarrollo económico y al sistema de alianzas público-privadas en el país.