The Intercept y la Freedom of the Press Foundation alegan que el servicio Truth API crea un acceso desigual a información presidencial y podría violar los derechos protegidos por la Primera Enmienda.
Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, fue demandado este miércoles por el medio The Intercept y la organización Freedom of the Press Foundation, que cuestionan la decisión de ofrecer mediante pago acceso anticipado a sus publicaciones en la red social Truth Social.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York y busca impedir que Trump y funcionarios de la Casa Blanca desarrollen lo que los demandantes califican como una “trama inconstitucional” para monetizar las publicaciones del mandatario a través de la plataforma.
Desde el pasado 1 de agosto, Trump Media, empresa matriz de Truth Social, ofrece a clientes institucionales una suscripción que puede alcanzar los 100,000 dólares mensuales para recibir de manera prioritaria las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social.
Entre esas cuentas se encuentra la del propio Trump, quien utiliza con frecuencia Truth Social para comunicar posiciones políticas, anuncios y asuntos relacionados con la gestión gubernamental.
Cuestionan acceso desigual a información oficial
Los demandantes sostienen que el programa denominado “Truth API” podría vulnerar los derechos establecidos en la Primera Enmienda al crear un sistema de acceso preferencial a las comunicaciones presidenciales.
Según la demanda, periodistas y otros integrantes del público deberían tener un acceso igualitario a la información oficial, independientemente de su capacidad o disposición para pagar por un servicio de suscripción.
Las organizaciones también cuestionan que Trump pueda beneficiarse económicamente de un mecanismo que utiliza sus comunicaciones como presidente, al considerar que la iniciativa mezcla el ejercicio de funciones públicas con intereses comerciales privados.
El caso ahora deberá avanzar en el tribunal federal de Nueva York, donde se determinará si las reclamaciones presentadas tienen fundamento suficiente para limitar o impedir el funcionamiento del servicio.