El compromiso, encabezado por el presidente Luis Abinader, establece seis ejes estratégicos orientados a fortalecer la transparencia, la supervisión institucional, la gestión de riesgos y el uso responsable de los recursos públicos en las áreas de salud y seguridad social.
Catorce instituciones del Gobierno dominicano vinculadas al sector salud y la seguridad social suscribieron este lunes un compromiso estratégico para fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción administrativa, mejorar los controles internos y garantizar una gestión más transparente de los recursos públicos.
La iniciativa, denominada Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Gerencia Institucional, establece una serie de medidas dirigidas a identificar posibles riesgos de corrupción, reforzar la supervisión de los procedimientos administrativos y promover el cumplimiento de las normas éticas en las entidades participantes.
La firma del documento se realizó durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con la participación de funcionarios y representantes de las instituciones involucradas.
El acuerdo contempla seis componentes estratégicos que abarcan el compromiso de las autoridades, la gestión de riesgos conductuales de corrupción, las políticas de integridad, los controles internos y externos, las auditorías, los canales de denuncias y los programas de capacitación y comunicación.
Estas disposiciones buscan integrar criterios de prevención de irregularidades en áreas fundamentales de la administración pública, entre ellas la planificación institucional, el manejo presupuestario, las contrataciones públicas, los recursos humanos, la tecnología y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Asimismo, el compromiso establece la aplicación de principios de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un manejo adecuado de los fondos del Estado.
Salud Pública llama a fortalecer la responsabilidad institucional
Durante la actividad, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que la efectividad del acuerdo dependerá de la implementación de mecanismos capaces de prevenir irregularidades y garantizar que las instituciones cumplan las disposiciones establecidas.
«La verdadera fortaleza institucional está en facilitar hacer lo correcto, dificultar hacerlo incorrecto y garantizar que existan mecanismos para responder cuando las normas se incumplen», expresó el funcionario.
Atallah también sostuvo que la transparencia debe convertirse en una práctica permanente de quienes ocupan posiciones de dirección y tienen bajo su responsabilidad la administración de los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población.
«No podemos exigir transparencia sin practicarla, no podemos requerir responsabilidad sin asumirla, y no podemos reclamar confianza si nuestras acciones no la merecen. El liderazgo comienza con el ejemplo», manifestó.
Digeig apuesta por protocolos comunes y coordinación institucional
De su lado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, resaltó la importancia de establecer políticas coordinadas entre las instituciones públicas, a fin de garantizar que los procedimientos de integridad y transparencia se apliquen bajo criterios comunes.
La funcionaria consideró necesario evitar que cada entidad desarrolle mecanismos aislados y defendió la aplicación uniforme de protocolos que permitan ofrecer un trato igualitario a los ciudadanos y facilitar el acceso a la información pública.
«Que nada quede suelto, que la aplicación sea la misma de cumplimiento de los mismos protocolos. Que se trate a la gente de igual manera, que la información sea fácil», expresó.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como órgano rector en materia de ética e integridad gubernamental, ofreció acompañamiento técnico para la implementación de esta iniciativa.
Seis componentes para prevenir la corrupción
El compromiso establece seis áreas fundamentales de actuación:
- Compromiso estratégico: involucra a las autoridades y equipos gerenciales en el cumplimiento de los principios de integridad y buen gobierno.
- Gestión de riesgos conductuales de corrupción: establece mecanismos para identificar, evaluar y reducir posibles riesgos de irregularidades administrativas.
- Política de integridad: procura incorporar valores éticos, normas de conducta y buenas prácticas en todos los niveles institucionales.
- Controles internos, externos y auditorías: busca fortalecer la supervisión de los procedimientos y verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas.
- Canales de denuncias: contempla mecanismos para reportar posibles irregularidades en el ejercicio de las funciones públicas.
- Capacitación y comunicación: promueve la formación continua de los servidores públicos en materia de ética, transparencia y prevención de la corrupción.
La aplicación de estos componentes también procura fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la coordinación entre las entidades responsables de administrar los servicios de salud y seguridad social.
Instituciones participantes
Entre las entidades que suscribieron el compromiso figuran el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Superintendencia de Pensiones (Sipen) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
También participan el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), así como los hospitales Sigifredo Alba Domínguez, Jacinto Mañón, Doctor Vinicio Calventi, Traumatológico Doctor Darío Contreras y Nuestra Señora de la Altagracia.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca establecer mayores niveles de control y responsabilidad en las instituciones del sector salud y seguridad social, procurando que la administración de los recursos públicos se desarrolle bajo criterios de transparencia, eficiencia y respeto al interés general.