Una jueza de la Audiencia Nacional abrió una investigación tras un informe policial que apunta a una supuesta coordinación y permisividad de las fuerzas marroquíes durante la llegada de más de 70,000 migrantes al enclave español.
Madrid, España. – La Justicia española abrió una investigación para determinar si la entrada masiva de migrantes a Ceuta, ocurrida a finales de julio, fue resultado de una operación favorecida desde territorio marroquí y si los hechos podrían constituir delitos contra la seguridad y la paz del Estado español.
La investigación fue ordenada por la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, quien considera que los hechos conocidos hasta ahora ameritan esclarecer el papel desempeñado por Marruecos durante la crisis migratoria.
Uno de los principales elementos tomados en cuenta es un informe elaborado por la Policía española, según el cual la llegada de más de 70,000 personas a la frontera de Ceuta no habría sido un episodio espontáneo ni producto de circunstancias aisladas.
Señalamientos sobre la actuación marroquí
De acuerdo con el documento policial citado por la magistrada, existirían indicios de una “gestión favorecedora” desde Marruecos para facilitar el desplazamiento de los migrantes hacia el territorio español.
El informe sostiene que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes habrían mantenido una actitud permisiva en la zona fronteriza, sin intentar detener o dispersar a los grupos que se dirigían hacia Ceuta.
Pero el señalamiento va más allá. Según la investigación, algunos agentes habrían proporcionado indicaciones sobre cómo atravesar la frontera, lo que la jueza describe como un posible “guiado activo” de los migrantes.
Estos elementos llevaron a Tardón a considerar la posibilidad de que detrás de la crisis pudiera existir una estrategia de presión contra España.
¿Una herramienta de “guerra híbrida”?
La magistrada recuerda que los movimientos migratorios masivos pueden formar parte de mecanismos de “guerra híbrida”, una modalidad de presión que combina diferentes herramientas para generar inestabilidad o poner a prueba la capacidad de respuesta de un Estado.
Por ello, la Audiencia Nacional busca establecer si los acontecimientos en Ceuta pudieron comprometer la paz o la independencia del Estado español, además de determinar si se produjeron otros delitos.
La investigación también contempla posibles ilícitos relacionados con los derechos de los ciudadanos extranjeros y la muerte de al menos 83 personas que perdieron la vida mientras intentaban llegar a Ceuta nadando.
El Gobierno español mantiene cautela
La apertura del proceso judicial se produce pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido que no existen pruebas suficientemente sólidas para afirmar que Marruecos organizó o instigó la entrada masiva de migrantes.
Rabat tampoco ha respondido oficialmente al informe policial, aunque medios marroquíes han cuestionado su contenido y lo han calificado de deficiente y sin evidencias materiales suficientes.
El caso adquiere especial sensibilidad debido a que Marruecos reclama como propio el territorio de Ceuta, que permanece bajo soberanía española.
Una crisis que dejó heridas abiertas
Tras la entrada masiva, una parte importante de los migrantes regresó a Marruecos durante las horas posteriores. Sin embargo, miles permanecieron en Ceuta, generando una situación de tensión social que posteriormente derivó en protestas y episodios de violencia.
La población local ha reclamado medidas para expulsar a quienes permanecen en el territorio, mientras las autoridades deben afrontar las consecuencias humanitarias, políticas y de seguridad derivadas de aquella crisis.
Ahora será la Justicia española la que deberá determinar si aquella llegada masiva fue realmente un fenómeno migratorio espontáneo o si, como apuntan los indicios incorporados al expediente, existió una actuación deliberada desde Marruecos para favorecer el cruce hacia territorio español.